La primera es que el proyecto es bastante prudente, como lo mencionaba en mi columna anterior. Tiene un procedimiento exigente para certificar la libre voluntad y la condición médica de los pacientes que pidan la terminación de su vida en situaciones extremas de enfermedades terminales o lesiones irreversibles. Ningún médico ni clínica puede ser obligado a practicar la eutanasia. Nadie puede forzar a un paciente o a su familia a acelerar la muerte.
De modo que le permite a cada quien vivir (y morir) según sus convicciones. Los pacientes y los médicos que entiendan que la muerte digna es la que llega después de hacer hasta el último esfuerzo para alargar la vida, pueden optar por hacerlo. Pero quienes prefieran evitar semanas o meses de sufrimiento extremo por considerar que la muerte en esas circunstancias es más digna que la agonía, podrían acortar la dolorosa espera.
Por eso el debate sobre la eutanasia es distinto al del aborto. Esta es la segunda razón por la que es probable que el proyecto sobre muerte digna tenga un apoyo mayoritario, a pesar de la confusión entre aborto y eutanasia que han creado tanto los críticos como algunos defensores del proyecto. No es cierto que, como dicen los primeros, la ley vaya a obligar a los médicos a convertirse en “verdugos”. Al contrario, les permite seguir los dictados de su conciencia, que es justamente lo que las jerarquías católicas y cristianas piden en el caso del aborto.
Además, a diferencia del aborto, en la eutanasia no hay ninguna disputa sobre la existencia de otro ser que estaría en peligro: la única vida que está en juego es la de un paciente adulto que expresa libremente su voluntad. Por eso mismo, tampoco es cierto que, como lo dice el ponente del proyecto (el senador Armando Benedetti), la eutanasia sea un asunto de derechos de minorías. Este tema no debería enfrentar la oposición masiva del aborto; por el contrario, es probable que las mayorías ciudadanas y políticas estén con el proyecto, si tienen a la mano la información completa y objetiva sobre la ley, y no las versiones distorsionadas que circulan algunos de sus detractores.
Hay una tercera razón que no ha sido discutida. La ley sobre eutanasia activa tendría efectos indirectos sobre el derecho que hoy tienen los pacientes a pedir que no se les alargue la vida artificialmente con tratamientos invasivos y costosos, que a lo sumo logran unas semanas o meses más de vida: las diálisis renales, las dosis de insulina, los tratamientos agresivos para mantener el corazón latiendo aunque se sepa que todo es en vano y el paciente sólo no los quiera. Esta forma pasiva de eutanasia, a pesar de ser perfectamente legal, se encuentra en la práctica con el poderoso obstáculo del temor de los médicos y las clínicas (que con frecuencia comparten la opinión del paciente) a meterse en líos jurídicos con cualquier tipo de eutanasia, si no intentan todos los tratamientos posibles a pesar del querer de quien agoniza.
En últimas, los efectos directos e indirectos de la ley se reducirían a darles opciones a los pacientes sobre cómo morir. Como lo dijo Sir Thomas Hugues, un reconocido médico inglés que dirige una clínica para pacientes que prefieren no alargar los tratamientos de enfermedades terminales, “se trata de reconocer que una persona está muriendo, y de darle opciones. ¿Quiere tener una máscara de oxígeno sobre su cara? ¿O le gustaría poder besar a su esposa?”.
César Rodríguez Garavito / Miembro fundador de De justicia
El propósito de este blog es exponer algunas concepciones éticas,científicas y religiosas sobre la práctica de la eutanasia.
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